En semanas recientes se ha discutido el tema de la pertinencia de incrementar los impuestos para financiar determinados gastos. Los principales defensores de un aumento de impuestos argumentan en función del impacto social que los recursos recaudados generarían, mientras que sus detractores argumentan en función de los incentivos perversos que dinámicamente genera un aumento de impuestos y que existiría espacio para disminuir gastos, de manera que tal alza sería evitable.
Sin desconocer la importancia de los argumentos anteriores, es importante revisar conceptualmente la pertinencia conceptual del financiamiento vía impuestos, de manera que la decisión que se tome genere más beneficios que costos.
Lo primero es reconocer que la recaudación de ingresos vía impuestos genera costos en los mercados. Se ha calculado internacionalmente, por ejemplo, que para alcanzar una recaudación de 100 es necesario generar costos del orden de 130.
También es menester recordar, aunque sea una obviedad, que los impuestos que decidimos son aplicados a nosotros mismos, no a otro país, de manera que nos interesa que el uso que se haga de ellos sea eficiente y eficaz.
Usualmente, hay dos razones que se esgrimen para aplicar impuestos:
- Un argumento político. Se desea beneficiar, legítimamente, a un grupo de la población. Por ejemplo, las personas en situación de pobreza. Esto supone la llamada focalización del gasto público. En tal caso los impuestos constituyen un subsidio cruzado.
- Un segundo argumento es de eficiencia. En algunos bienes o servicios conviene concentrar el poder de compra en el Estado, pues este puede conseguir mejores precios que consumidores individuales. Un ejemplo de ello es la compra de computadores, o textos escolares, en donde el Estado se beneficia de las economías de escala en tales compras y las traspasa a los contribuyentes.
En ambos casos se reconocen los costos de recaudar, pero se procura que los beneficios sean mayores a dichos costos. La discusión respecto a los usos que el Estado hará de lo recaudado parece inevitable y es un tema de primer orden para evaluar la pertinencia de financiar una política pública vía impuestos. Por ejemplo, una discusión de este tipo lleva a preferir el financiamiento de carreteras a través del pago por uso, en lugar de impuestos generales. Ello pues no usuarios podrían terminar subsidiando a usuarios de una carretera si se elige el financiamiento vía impuestos.
No resulta evidente entonces que una política pública no focalizada y que no presenta economías de escala sea financiada vía impuestos. Parece pertinente evaluar si resulta más conveniente que, en tal caso, esos recursos permanezcan en los bolsillos de los contribuyentes.
