Durante la administración del presidente Gabriel Boric, se han implementado sucesivos incrementos en el salario mínimo con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y reducir las desigualdades salariales en Chile. En mayo de 2023, el salario mínimo se situaba en $440.000, alcanzando los $500.000 en julio de 2024. Posteriormente, en enero de 2025, se ajustó a $510.636, representando un incremento nominal acumulado del 24,6% respecto a los $410.000 vigentes en abril de 2023.
El 30 de abril de 2025, el Ministerio de Hacienda y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acordaron una propuesta de ley para aumentar el salario mínimo en un 3,6%, elevándolo a $529.000 a partir del 1 de mayo de 2025. Además, se contempla un segundo incremento que lo situaría en $539.000 a partir del 1 de enero de 2026. Este acuerdo, que aún debe ser discutido y aprobado por el Congreso, busca continuar con la tendencia de mejora en las remuneraciones mínimas .
Si bien esta alza ha sido valorada por su contribución inmediata a la mejora de los ingresos de los trabajadores de menores remuneraciones, su implementación debe analizarse en un contexto macroeconómico caracterizado por rigideces estructurales y una baja elasticidad del empleo formal. En particular, el alza del salario mínimo, en ausencia de mejoras en la productividad laboral, tiende a generar efectos contractivos en sectores de baja intensidad de capital y alta informalidad.
Contexto nacional: estancamiento del mercado laboral
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el trimestre enero-marzo de 2025, la tasa de desocupación se mantuvo en 8,7%, sin variación respecto del mismo período del año anterior. Este estancamiento se produce en un escenario de crecimiento limitado tanto en la fuerza laboral (+0,9%) como en el empleo total (+0,9%), pero con un alza del 1,3% en el número de personas desocupadas, explicada por un aumento en los cesantes (+1,2%) y en quienes buscan trabajo por primera vez (+1,4%).
Simultáneamente, la informalidad laboral alcanzó un 25,8%, con particular incidencia en mujeres y trabajadores de regiones. Esta alta densidad de empleo en el umbral del salario mínimo refleja una estructura productiva rezagada, caracterizada por baja sofisticación y una limitada cobertura de la negociación colectiva, que actualmente alcanza a menos del 18% de la fuerza laboral.
Comparación internacional: productividad y empleo
Entre mayo de 2019 y mayo de 2024, el salario mínimo real promedio en los países miembros de la OCDE experimentó un alza del 12,8%. En contraste, Chile registró un aumento más acelerado, pero sin un correlato significativo en la productividad del trabajo, generando un desalineamiento entre remuneraciones y eficiencia productiva. Esta brecha ha repercutido en los costos laborales unitarios, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra.
El escenario externo tampoco favorece una expansión vigorosa del empleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el crecimiento global para 2025 se situará en 2,8%, por debajo del 3,3% proyectado anteriormente. Esta revisión a la baja obedece a la intensificación de tensiones geopolíticas y comerciales, en especial entre Estados Unidos y China, así como a la incertidumbre política en diversas economías avanzadas.
En Estados Unidos, la actividad económica se contrajo un 0,3% en el primer trimestre de 2025, su primer retroceso desde 2022. Esta caída estuvo asociada al adelanto de importaciones ante la amenaza de nuevos aranceles, y ha generado expectativas de recesión, con una probabilidad del 40% según el propio FMI. En paralelo, China ha registrado una fuerte caída en sus índices manufactureros, con un PMI de 49,0 en abril de 2025, lo que confirma una contracción sectorial relevante.
Hacia una estrategia integral de desarrollo laboral
El salario mínimo constituye un instrumento de política redistributiva, pero su eficacia en el largo plazo depende de un ecosistema laboral e institucional más robusto. Para que el alza salarial sea sostenible y no derive en efectos indeseados sobre el empleo formal o la informalidad, se requiere avanzar en: Políticas de capacitación laboral continua, con un enfoque en reconversión y competencias digitales. Actualmente, solo el 8% de los trabajadores chilenos accede anualmente a formación formal, frente al 28% promedio de la OCDE; Reformas al sistema de intermediación laboral, hoy desarticulado. Menos del 3% de los puestos formales se canalizan por la Bolsa Nacional de Empleo; Fortalecimiento de la negociación colectiva ramal, que permita ajustar salarios a condiciones sectoriales y productivas específicas; Programas de formalización laboral, con incentivos fiscales y regulatorios, especialmente en sectores como el comercio informal, la construcción y los servicios personales.
Es fundamental reconocer que la mejora del mercado laboral no puede depender exclusivamente de la acción estatal. El sector privado desempeña un papel relevante en la generación de empleo de calidad y en la promoción de prácticas laborales sostenibles. Las empresas pueden contribuir mediante: Inversión en tecnología y capacitación, elevando la productividad y permitiendo remuneraciones más altas; Implementación de programas de responsabilidad social empresarial, que incluyan la formalización de trabajadores y el respeto a los derechos laborales; Colaboración con instituciones educativas y de formación, para alinear la oferta de habilidades con las demandas del mercado y participación activa en el diseño de políticas públicas, aportando perspectivas y soluciones desde la experiencia empresarial.
Los recientes aumentos en el salario mínimo representan un avance en la mejora de los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, para que este progreso sea sostenible, es imperativo implementar reformas estructurales que fortalezcan la productividad, la formalización y la capacitación laboral. La sinergia entre el sector público y privado será esencial para construir un mercado laboral más inclusivo y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI y garantizar un desarrollo económico equitativo para todos los ciudadanos.
