En julio de 2025, la inflación interanual en Chile se aceleró al 4,3 %, superando el rango meta del Banco Central (2 %–4 %) y rompiendo la trayectoria de convergencia observada en el primer semestre. Este repunte fue impulsado principalmente por el alza en alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2 %), restaurantes y alojamiento (6,5 %) y recreación y cultura (3,8 %), mientras que sectores como transporte y servicios financieros mostraron desaceleración. Aunque el incremento es moderado, su persistencia reactiva un debate fundamental: ¿cómo calibrar la política monetaria en un entorno de volatilidad estructural, donde conviven presiones inflacionarias con un crecimiento económico modesto?

En respuesta, el Banco Central redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, ubicándola en 4,75 %, marcando el primer ajuste desde diciembre de 2024. La decisión fue unánime, pero acompañada de un mensaje prudente: las expectativas inflacionarias a dos años se mantienen ancladas en 3 %, pero el margen de maniobra es limitado. El dilema es claro: estimular la actividad sin comprometer la estabilidad de precios. Este equilibrio se complica por factores internos —como el reajuste de tarifas eléctricas, presiones salariales y encarecimiento de alimentos— y externos —como la volatilidad energética y un tipo de cambio sensible a shocks globales.

Desde la adopción del régimen de metas de inflación en los años 90, Chile ha mantenido una sólida reputación en estabilidad monetaria. En 2023, la TPM alcanzó un máximo de 11,25 % como respuesta a presiones postpandemia, iniciando luego un ciclo de normalización gradual. A pesar de esta trayectoria descendente, la inflación sigue por encima del objetivo, lo que exige una revisión estratégica del marco de política monetaria.

La política monetaria enfrenta hoy dos riesgos estructurales: ajustar demasiado poco y permitir que la inflación se enquiste, erosionando la credibilidad institucional; o ajustar demasiado y enfriar en exceso la actividad económica, afectando especialmente al empleo juvenil. En el segundo trimestre de 2025, la tasa de desempleo juvenil alcanzó un 21,3 %, más del doble que la tasa general (8,7 %), con altos niveles de informalidad (35,2 %) y jornadas parciales (38,2 %). Este grupo enfrenta condiciones laborales precarias, lo que amplifica los efectos regresivos de la inflación sobre su bienestar.

Una política monetaria eficaz requiere respaldo fiscal. Esto implica inversión pública eficiente, programas de productividad y reformas estructurales que fortalezcan la oferta. El crecimiento proyectado para Chile en 2025 se sitúa entre 2,0 % y 2,75 %, con señales de recuperación en sectores exportadores, pero con debilidad persistente en el mercado laboral.

La experiencia reciente confirma que la estabilidad de precios es un bien público frágil, que exige consistencia y previsión. Incluso desviaciones leves sobre la meta generan costos tangibles: menor poder adquisitivo, encarecimiento del crédito y presión sobre sectores productivos. En un país que busca recuperar dinamismo, el control inflacionario no puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo sostenible.