Uno de los ejes centrales del presente gobierno se basa, tal como lo plantearon desde su campaña, en un plan de rebaja de impuestos en diversas materias, así como en medidas que incentiven la creación y formalización del empleo. Sin embargo, cualquiera de estas acciones que se tome en pro de la reactivación económica tiene un costo asociado, lo que se traduce en una menor recaudación fiscal.
La primera medida propuesta por el gobierno busca reducir la tasa de impuesto corporativo de un 27% a un 23%. Esta disminución de cuatro puntos porcentuales se materializaría en un plazo de tres años, reduciendo 1,5 puntos porcentuales los dos primeros años (2027 y 2028) y un punto el 2029. Esta medida por sí sola tiene un costo total de 1.600 millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 0,52% del PIB, entendiendo que, por su gradualidad, se distribuiría en 600 millones los dos primeros años y 400 millones el 2029.
Otra de las medidas que propone el gobierno es la reintegración del sistema tributario, el cual hoy se trata de manera semi integrada. Este sistema permite imputar como crédito el impuesto corporativo al impuesto global complementario que deben pagar las personas naturales por sus rentas anuales. Esta medida tendría un costo anual de 810 millones de dólares en recaudación anual, equivalente al 0,27% del PIB.
Así también, con medidas como el crédito tributario para la protección del empleo formal – con un costo de 1.400 millones de dólares anuales – la eliminación del IVA por un año a viviendas nuevas, eliminación del impuesto a las ganancias de capital y eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, sumado a los costos de las medidas paliativas producto del alza del precio de los combustibles, se puede llegar a una proporción aproximada de un 1,25% del PIB.
Si bien, en términos porcentuales del PIB, este costo adicional por la recaudación que se deja de percibir puede parecer marginal, en términos absolutos representa un costo de oportunidad que no es menor. De hecho, el FMI, a través de la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Dora Iakova, ya advirtió que esta disminución en la recaudación fiscal debe ser compensada con el aumento de ingresos permanentes y, aunque el gobierno ya ha iniciado un plan de recorte de gastos, estos no parecen ser suficientes para generar esta compensación.
Este plan tributario del gobierno se presenta como una forma de posicionar a Chile dentro de los estándares de la OCDE en materia tributaria y de incentivar el crecimiento económico del país, sin embargo, los estudios no son concluyentes al respecto, es decir, no existe evidencia de que una disminución en los impuestos favorezca el crecimiento económico de un país. Por lo tanto, mientras no se tenga la claridad de un plan que concrete el aumento en la recaudación fiscal, estos recortes en impuestos se transforman en una apuesta arriesgada.