Vivimos una transición estructural que la macroeconomía convencional aún no incorpora plenamente. Durante décadas, los shocks de oferta fueron interpretados como perturbaciones transitorias, reversibles y de impacto acotado.
Hoy, sin embargo, la evidencia empírica muestra un régimen dominado por shocks persistentes y simultáneos que alteran la dinámica inflacionaria y el crecimiento tendencial. La inversión global en petróleo y gas se redujo cerca de 30% entre 2014 y 2020, generando un déficit estructural que explica la persistencia del Brent en rangos de US$90–105 durante 2025–2026, incluso sin un ciclo expansivo global. A ello se suma el deterioro climático: la FAO estima que la productividad agrícola mundial ha caído 12% desde 1990, mientras América Latina enfrenta sequías más intensas que elevan la volatilidad del componente alimentario del IPC. La demografía refuerza estas presiones; la OCDE proyecta una contracción de la población en edad de trabajar hacia 2035 en la mayoría de sus economías, reduciendo el crecimiento potencial y tensionando los costos laborales. Paralelamente, la fragmentación geoeconómica podría restar hasta 7% del PIB mundial en el largo plazo, según el FMI, encareciendo insumos y debilitando la estabilidad financiera. La productividad, por su parte, crece por debajo de 0,5% anual en economías avanzadas, limitando la capacidad de absorber shocks sin trasladarlos a precios.
En este entorno, los bancos centrales enfrentan un dilema severo: tolerar inflación implica arriesgar credibilidad, pero endurecer la política monetaria profundiza la desaceleración. La inflación deja de ser cíclica y se vuelve estructuralmente más volátil.
Chile ilustra esta vulnerabilidad: importa 98% de sus combustibles, depende del cobre y enfrenta una megasequía de más de 15 años. Con el Brent sobre US$100, el tipo de cambio supera los $900, la inflación proyectada rebota sobre 4% y el empleo asalariado crece apenas 0,3% anual. La política económica debe adaptarse a un régimen donde la incertidumbre es permanente y exige mayor resiliencia energética, climática y productiva.