La reciente declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre la «eliminación de la tiranía» de las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en su país no es solo una noticia internacional; resuena como una señal de alerta temprana para Chile. Mientras en Estados Unidos se intensifica una campaña coordinada para desmantelar iniciativas que buscan mayor representatividad y equidad en el gobierno, las empresas y hasta las fuerzas armadas, es imperativo analizar las posibles repercusiones en nuestro propio ecosistema social y empresarial.
Las políticas DEI (diversidad de identidades, equidad de oportunidades, ambientes inclusivos) ganan tracción globalmente, no por corrección política, sino también por evidencia en el impacto económico-social. De hecho, estudios realizados por la consultora McKinsey & Company muestran que las organizaciones diversas e inclusivas innovan más, retienen talento y mejoran resultados financieros. Sin duda cerrar brechas de movilidad social en Latinoamérica, podría sumar miles de millones al PIB regional para 2030.
Sin embargo, la narrativa anti-DEI en EE.UU. las tilda de «discriminación inversa», ataque a la meritocracia e imposición «woke». Esta retórica distorsiona el propósito de DEI: no busca imponer cuotas sobre el mérito, sino derribar barreras sistémicas para que el talento diverso compita equitativamente. La verdadera meritocracia exige inclusión.
El riesgo para Chile es tangible, al importar la polarización de manera acrítica. Desde las empresas públicas hasta las privadas, pasando incluso por las fuerzas armadas han avanzado en políticas DEI, aunque, por cierto, con desafíos pendientes. Existen marcos legales como la Ley 21.015 de inclusión laboral para personas con discapacidad y una creciente conciencia en el sector privado sobre la importancia de la diversidad, especialmente de género. No obstante, datos de la misma McKinsey para Latinoamérica y Chile, evidencian que aún tenemos brechas significativas, sobre todo en la inclusión de personas de condiciones socioeconómicas menos favorables (menos del 33% de las empresas latinoamericanas tienen iniciativas específicas) y representación LGBTQIA+.
El verdadero peligro radica en que la polarización estadounidense se importe acríticamente. Ya se escuchan ecos de este discurso anti-DEI en sectores de la llamada nueva derecha populista chilena, quienes, alineándose con la retórica de Trump, podrían buscar frenar o revertir los avances logrados, enarbolando una bandera de «meritocracia» mal entendida que ignora las desigualdades estructurales persistentes en nuestra sociedad. Argumentos que ven la equidad como una amenaza y no como un catalizador de desarrollo sostenible.
Retroceder en DEI sería un error estratégico para Chile, ignorando potencial económico, innovación y la ética de una sociedad justa. De hecho, como sugiere el profesor del IESE, John Almandoz, desmantelar los esfuerzos en DEI podría erosionar la coherencia misma del propósito corporativo. Si una empresa declara valores de impacto social o compromiso con la comunidad, abandonar la equidad interna pone en tela de juicio la autenticidad de toda su misión.
Es momento de que el liderazgo empresarial y político chileno reafirme su convicción, basándose en la evidencia local e internacional, y defienda los espacios ganados. Fortalecer las políticas DEI no es una concesión, es una inversión inteligente en nuestro capital humano y en la competitividad futura del país. No dejemos que una tormenta política ajena opaque nuestro propio horizonte de progreso.
