La provisión de bienes públicos presenta dificultades particulares, en relación a la provisión de bienes privados. Las más conocidas son las dificultades de financiamiento, los problemas para lograr que los afectados declaren su verdadera valoración por el bien público – cuando se intenta aplicar un mecanismo para conocer valoraciones – y el consiguiente problema de free rider, que está muy presente en la literatura de este tema. Sin embargo, quiero referirme a otros temas no tan conocidos, pero que afectan de manera importante la provisión eficiente de bienes públicos. Algunos de los temas que mencionaré no son exclusivos para bienes o servicios públicos, pero se ha observado que juegan un rol fundamental en la provisión de los mismos.
Ofertas temerarias en licitaciones: Un primer tema aparece cuando el bien público se provee a través de un privado, al que se selecciona en un proceso de licitación. En ocasiones aparecen ofertas extraordinariamente convenientes para el licitador. Sin embargo, estas ofertas pueden presentar un riesgo de captura, puesto que el proponente que la realiza puede estar apostando a su capacidad de renegociar el contrato. En tal caso, la licitación puede ser ganada por el proponente con mayor capacidad de lobby y no necesariamente por el más eficiente. Esto es especialmente preocupante en circunstancias en donde las renegociaciones de contratos han sido la regla, más que la excepción, como la provisión de infraestructura pública en Chile. Pero la presencia masiva de renegociaciones no debe ser interpretada necesariamente como señal de ofertas temerarias en los respectivos procesos de licitación, pues puede deberse a otras circunstancias, principalmente asociadas a la incompletitud de contratos.
El rol de mercados secundarios: En la provisión de varios servicios públicos es usual que se requiera un permiso de uso sobre un bien nacional de uso público, por ejemplo, el espectro en telecomunicaciones o el agua en electricidad. La existencia y el funcionamiento del mercado secundario para ese recurso, afecta la eficiencia con la que se provee el servicio público y el resultado mismo de una licitación. Por ejemplo, tradicionalmente se ha argumentado que al licitador le conviene revelar la información que tenga en un proceso licitatorio, porque eso reduce los riesgos a los licitantes, lo que redunda en mejores ofertas en la licitación. Sin embargo, en presencia de mercados secundarios esta conclusión no es tan directa y debe ser estudiada caso a caso.
El rol de la incertidumbre y objetivos estratégicos en la evaluación de proyectos: La comparación entre distintos proyectos se ha vuelto crecientemente más compleja, debido principalmente a dos factores: valoración de la flexibilidad y el Carácter estratégico de un proyecto.
La flexibilidad de un proyecto para adaptarse a contingencias futuras debe ser incorporada en las evaluaciones y, por lo tanto, el proyecto ganador no necesariamente será el que presenta al mayor VAN. La herramienta que ha probado ser especialmente útil en este respecto, es el uso de opciones reales y su valoración con técnicas financieras. Un proyecto puede no ser el más rentable hoy, incluso incluyendo los respectivos valores de opción, pero presenta un valor estratégico para desarrollos futuros. Este es un atributo difícil de valorar.
El riesgo expropiatorio de las licitaciones: La literatura reciente ha enfatizado el uso de licitaciones para asignar recursos escasos. Sin embargo, si históricamente la explotación de esos recursos ha significado costos hundidos para los privados involucrados, entonces un proceso licitatorio puede llevarlos a renunciar a financiar esas inversiones hundidas y, por lo tanto, tal proceso puede significar la expropiación de parte de las inversiones específicas para explotar el recurso.
Estos elementos deben ser tenidos en cuenta en la provisión de bienes públicos pues, aunque se solucionen los problemas tradicionales de provisión, una falla en estos aspectos puede llevar a una decisión equivocada en la provisión del bien o servicio público.
