Los episodios recientes de tensión geopolítica —particularmente en el estrecho de Ormuz, nodo crítico en la interacción estratégica entre Estados Unidos e Irán— revelan la fragilidad inherente de las economías abiertas frente a shocks exógenos de carácter energético y logístico. Dado que este corredor canaliza cerca del 20% del comercio mundial de crudo y alrededor del 30% del gas natural licuado, cualquier disrupción en su continuidad operacional genera ajustes inmediatos en precios internacionales, volatilidad financiera y ampliación de primas de riesgo.
La evidencia empírica de 2023‑2024 confirma esta sensibilidad sistémica: el Brent exhibió variaciones intradiarias de 5%–9%, mientras los costos logísticos globales aumentaron hasta 18%, impulsados por mayores primas de aseguramiento, congestión portuaria y desvíos forzados de rutas. Para economías altamente dependientes de importaciones energéticas, como Chile —con una dependencia superior al 70%—, estos shocks se transmiten con rapidez a precios internos, configurando presiones inflacionarias de origen externo. Estimaciones del Banco Central atribuyen cerca del 60% de la inflación reciente a factores importados, con incrementos alimentarios superiores al 20%, afectando de manera regresiva a hogares que destinan más del 40% de su gasto a bienes esenciales.
En este contexto, la educación financiera se constituye en un mecanismo microeconómico de resiliencia. Evidencia del BID muestra que mayores niveles de alfabetización financiera incrementan la capacidad de ajuste del consumo en torno al 30% y reducen la probabilidad de sobreendeudamiento en un 20%. Asimismo, la optimización del gasto mediante decisiones informadas —comparación sistemática de precios, uso de plataformas digitales, adopción de instrumentos como cashback— permite reducir el desembolso entre 1% y 12%, mitigando asimetrías de información y mejorando la asignación de recursos.
Los patrones de sustitución ante variaciones en precios relativos —como el aumento cercano al 18% en el consumo de legumbres— y el elevado desperdicio alimentario, que alcanza el 30% en Chile, evidencian márgenes adicionales de eficiencia. A ello se suma la creciente fragilidad financiera derivada de tasas de consumo superiores al 25% anual y del 37% de hogares que financian gasto corriente con deuda.
Y aunque los hogares no pueden incidir en la dinámica geopolítica, sí pueden reducir su exposición mediante decisiones financieras informadas, fortaleciendo su resiliencia en un entorno global crecientemente volátil.