El ausentismo laboral injustificado se ha tomado la agenda del gobierno y la opinión pública. Existen del orden de 8 millones de licencias por año, con un costo millonario para cubrir reemplazos y suplencias asociadas al mal uso de licencias médicas. En este contexto, las 25 mil licencias truchas constatadas por la Contraloría General de la República pusieron en primera línea un problema que la DIPRES, en su informe “Radiografía del ausentismo laboral en el sector público” de diciembre de 2024, había calificado como “una preocupación creciente a nivel global”.

El ausentismo injustificado, se puede justificar. En efecto, la justificación es señal que el bienestar del trabajador por faltar al trabajo es mayor que el costo de ausentarse. En un modelo donde el trabajador descansa 8 horas al día, su bienestar resulta al distribuir las 16 horas restantes en trabajo o disfrute del ocio. A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, el trabajador del sector público percibe un salario mensual a todo evento. En caso de ocurrencia de ausentismo injustificado, las licencias truchas garantizan que el beneficio se mantiene.

Por lo general, es posible modelar el trabajo como un mal económico, es decir, el trabajador debe ser compensado con un salario para que concurra a cumplir con su jornada laboral. En ausencia de stock de riqueza, el ingreso que generan la jornada de trabajo es la principal fuente de financiamiento para el consumo de bienes y el disfrute del ocio. En el caso de los 25 mil compatriotas, dicho ingreso fue lo que les permitió financiar el viaje al extranjero. Gracias a las licencias truchas, el ausentismo injustificado no afectó los ingresos del trabajador. Empero, generaron un daño irrecuperable en la productividad de las labores que dejó de realizar.

Mejorar la productividad del trabajador, ha sido una de las principales tareas que tanto el sector público como privado han buscado impulsar a través de distintos mecanismos. Es así, como en 1998 se promulga la Ley N°19.553, para que los servicios públicos establecieran Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Para ello, junto al cumplimiento de objetivos preestablecidos el trabajador recibe un estímulo monetario. A partir de 2012, dicho estímulo corresponde al 7,6% de las remuneraciones, si la institución alcanzó un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos anuales comprometidos, y de un 3,8% si dicho cumplimiento fuere igual o superior a 75% e inferior a 90%. Todo ello, independiente de las eventuales licencias que se pudieren presentar.

El incentivo tuvo un impacto positivo en los ingresos por horas trabajadas. Pero, al mismo tiempo, el mayor ingreso generó incentivo en el trabajador para el disfrute de un mayor número de horas de ocio. Las licencias truchas permitieron que las horas no trabajadas no tuvieran impacto en el nivel de ingresos percibido. Al menos, dicho mecanismo de incentivos sedujo a 25 mil trabajadores públicos del Estado de Chile y junto con ello la necesidad que los poderes del Estado se ocuparan de tomar medidas para controlar el mercado de las licencias truchas.

En esta tarea, al menos se pueden explorar dos tipos de soluciones. La primera considera usar la teoría económica, la cual consiste en encarecer el costo de oportunidad de aumentar las horas de ocio en desmedro de las horas trabajadas, a saber, incluir en el PMG las horas efectivamente trabajadas y/o establecer descuentos efectivos de remuneraciones en caso de ausentismo injustificado. La otra solución proviene del mundo de la burocracia, a saber, establecer “Comités Locales de Ausentismo” … ¡Usted elija!