Durante 2024, el gasto público en Chile experimentó una expansión del 11%, alcanzando $167,5 billones. Este incremento responde tanto a la necesidad de consolidar la recuperación postpandemia como a crecientes demandas sociales estructurales. En paralelo, la deuda pública aumentó un 16%, situándose en 41,6% del PIB, aún dentro de límites prudentes, pero en una trayectoria que merece seguimiento.

El desglose del gasto muestra una fuerte concentración en la administración central ($102,6 billones), empresas estatales ($49,4 billones) y municipios ($13,7 billones). Las transferencias, que representan un 30,7% del gasto, han sido esenciales para el consumo, pero esta estructura depende de una base fiscal que no ha crecido al mismo ritmo, generando tensiones entre sostenibilidad y demanda social.

A nivel macroeconómico, la expansión del gasto ocurre en un contexto de reactivación de la demanda y un PIB creciendo moderadamente, lo que refuerza su efecto contracíclico de corto plazo, pero plantea dudas sobre su sostenibilidad estructural. A nivel internacional, Chile mantiene un nivel de deuda moderado comparado con otros países latinoamericanos, pero el riesgo aumenta si el gasto no se orienta hacia inversión productiva.

En el contexto fiscal actual, es imprescindible avanzar hacia una agenda de reformas que promuevan la sostenibilidad, eficiencia y legitimidad del gasto público. En primer lugar, se requiere una ejecución más eficiente del presupuesto estatal, complementada con evaluaciones ex post que permitan medir el impacto real de las políticas implementadas. Para ello, resulta clave adoptar metodologías como los Spending Reviews, orientadas a identificar y redirigir recursos desde programas con baja rentabilidad social hacia iniciativas de mayor impacto. En segundo lugar, el fortalecimiento de la regla fiscal estructural debe incorporar métricas más allá del balance cíclico, incluyendo indicadores de desempeño en la provisión de servicios públicos. Esto permitirá alinear el control fiscal con los resultados que la ciudadanía experimenta directamente. Por último, se debe priorizar la inversión en capital humano e infraestructura digital. Estas áreas no solo potencian el crecimiento económico a largo plazo, sino que también tienen efectos multiplicadores significativos sobre la productividad y la equidad social. Orientar el gasto hacia estas dimensiones puede transformar la expansión fiscal en una verdadera palanca de desarrollo.

El actual nivel de gasto y deuda no es, en sí, alarmante, pero su composición y rendimiento sí lo son. Si Chile convierte esta expansión en una palanca para modernizar el Estado, reducir desigualdades y mejorar la eficiencia institucional, el gasto público dejará de ser una preocupación y se convertirá en el principal activo de su desarrollo,m.